Reto 4 "Diseño colaborativo de servicios públicos"

Paso 1. Identificación del proyecto: Transformación de la Unidad de Transparencia de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en Unidad de Gobierno Abierto

Entre las reformas emprendidas que mejoran decisivamente el funcionamiento y la eficiencia de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los últimos años, destaca la implantación de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, cuyo objetivo, entre otros, es incrementar el control de los ciudadanos sobre la Administración Pública Regional, así como mejorar sensiblemente la percepción que estos tienen de la misma.

El artículo 37 de la Ley, respecto del derecho de acceso a la información pública, dispone que las entidades e instituciones de la Administración Regional atribuirán a un órgano de su estructura las funciones de promoción y difusión de la transparencia y publicidad activa, así como las de recibir, tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información. También, que en la Administración Regional las diferentes consejerías atribuirán a una unidad dependiente de la Vicesecretaría las funciones señaladas en el apartado anterior en el ámbito de la respectiva consejería y de sus organismos adscritos.

Así ha sido como se han diseñado en cada departamento de la Comunidad Autónoma unidades especializadas en la gestión administrativa del derecho de acceso y publicidad activa: “Unidades de Transparencia”. En nuestro caso, en la Consejería de Educación y Cultura, en la cual trabajamos.

Nuestra unidad tienen asignadas las siguientes funciones:

a) Facilitar la aplicación, en sus respectivos ámbitos de actuación, de los criterios e instrucciones que se establezcan, o como consecuencia de la actuación del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia.

b) Recabar y difundir la información pública a la que hace referencia la ley, preparando los contenidos que, de acuerdo con su ámbito de actuación, deban ser objeto de publicidad activa.

c) Tramitar las solicitudes de información.

d) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.

e) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información.

f) Prestar asistencia y apoyo a la ciudadanía en materia de acceso a la información.

Así, pues, el acceso de los ciudadanos a toda la información pública relacionada con la Consejería de Educación y Cultura, a través de la Unidad de Transparencia, ha exigido un importante esfuerzo de gestión y una especial dedicación por parte de los empleados públicos que se dedican a atender las solicitudes de derecho de acceso a la información y a dar cuenta a través de la publicidad activa de todos los documentos y datos que la legislación le obliga.

No debemos olvidar que este ejercicio del derecho de acceso a la información está configurado en nuestra ley regional como un procedimiento administrativo. Es decir, la Unidad de Transparencia se ha convertido, fundamentalmente, en una unidad especializada para la gestión administrativa del derecho de acceso y de la publicidad activa.

Sin embargo, este modelo empieza a ser cuestionado dado que no termina de responder a las necesidades reales de la ciudadanía y mucho menos del mundo educativo. Hay que tener en cuenta, además, que los teóricos de la transparencia normalmente hablan de que existen tres generaciones de transparencia. La primera generación son las leyes de acceso a la información. Una segunda generación, que es la transparencia focalizada, o transparencia apuntada, que lo que hace meramente es buscar, solicitar información a otros actores más allá del sector público, para ofrecerla al sector privado, a la ciudadanía. Y finalmente, se habla de que existe ya una tercera generación que está en proceso, que está en desarrollo, que es la transparencia colaborativa.

Desde este punto de vista, el actual modelo de gestión en transparencia y acceso a la información requiere migrar hacia un modelo más inteligente, en el que se reconozca que el gobierno se inserta en un esquema de estado abierto, lo que implica asumir una función productora de datos e información. Es decir, mientras la transparencia se conciba como un fin, y no como el medio idóneo para transitar hacia un modelo de gestión pública más abierto, inteligente y estratégico, se dejará por fuera todo el potencial que la transparencia colaborativa tiene como instrumento de cambio hacia una administración pública basada en un gobierno abierto. Al menos eso es lo que consideramos nosotros.

Desde este punto de vista, la transparencia colaborativa consiste, para nosotros, en ir más allá de los estándares previstos en las leyes, para hacer más asequible, estratégica y útil la información. Se define, por tanto, como el uso de plataformas interoperables que comunican decisiones, fomentan la participación ciudadana y crea un modelo de organización, donde la gestión es más inteligente y abierta a múltiples actores.

Paso 2. Identificación de los actores implicados.

¿Quiénes son los verdaderos protagonistas de este proceso de apertura? Hemos considerado que, además de la ciudadanía en general, que son los que vienen ejerciendo su derecho de acceso a la información, ahora la Unidad de Transparencia, en este devenir hacía una Unidad de Gobierno Abierto, debe ofrecerse a la totalidad de la comunidad educativa. Es decir, a los actores educativos.

Existen diferentes personas que se ven involucradas en la educación, que trabajan en conjunto para lograr el aprendizaje y formación de los y las estudiantes. A éstos se les llama actores educativos, ellos son, la institución educativa donde se encuentran los profesores, quienes guían a los alumnos en todo el proceso de aprendizaje; los trabajadores no docentes que ayudan a los primeros en dicho proceso; los estudiantes y, por último, los padres y tutores, quienes apoyan y ayudan a sus hijos e hijas en este proceso.

El profesorado y el personal no docente de apoyo educativo son uno de los actores principales en este subsistema, pues cumplen un papel trascendental en el proceso educativo. El profesor/la profesora es guía que apoya y asesora en el aprendizaje. El personal no educativo ayuda y refuerza la labor docente.

El estudiantado es el verdadero protagonista de la tarea educativa y constructor activo de su propio aprendizaje.

Los padres y madres y los tutores son también actores importantes en el proceso de formación. La comunicación que establecen entre ellos, sus descendientes y el profesorado, les permite conocer sus preocupaciones e inquietudes, así como informarse sobre sus avances para poder brindar un mejor apoyo.

Ahora bien, los entornos de enseñanza de hoy en día, exigen nuevos roles tanto en el profesorado como en el alumnado. Los primeros tienen la misión de ser facilitadores en entornos ricos en información, ser guía y consejeros sobre fuentes apropiadas de información, ser creadores de hábitos y destrezas en la búsqueda. Los segundos, por su parte, deben adoptar un papel mucho más importante en su formación, como agentes activos en la búsqueda, selección, procesamiento y asimilación de la información. Y aquí es donde la Unidad de Gobierno Abierto puede jugar un papel significativo.

Paso 3. Esbozo de un Plan.

Los mecanismos básicos mediante los cuales actúa la transparencia en el ámbito educativo como instrumento de mejora tienen que ver con los formidables efectos de la retroalimentación que ejerce la información generada por vía de la transparencia y la publicidad activa, sobre la realidad social. No es más que la necesidad de la sociedad, y en este caso, de la comunidad educativa, por conocer información del centro educativo al que se pertenece, así como hacerle más fácil a las familias tanto el acceso a la información como la participación en el desarrollo de sus hijos. Para ello, es necesaria la colaboración de cada uno de los elementos de dicha comunidad, como son, familias, alumnado, profesorado y personal de apoyo educativo.

Hay que tener en cuenta que las Leyes de Educación que ha habido, y que hay, no impiden el que pudiera haber una mayor transparencia y participación de toda la comunidad educativa en los colegios e institutos, y que se abran todos los canales que se consideren oportunos para lograrlo. Al contrario, les exigen ser transparentes. Igualmente, las leyes de transparencia, tanto nacional como de la Región de Murcia, obligan a los centros educativos a publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad. Sin embargo, esto no es así. La carencia en la transparencia de los centros no es tanto un problema de falta de legislación o de una legislación inadecuada, como de la falta de voluntad de los propios centros y de la Administración Educativa para hacer cumplir lo dispuesto en las Leyes.

El esbozo de un plan, o recomendaciones claves, para asegurar que los diversos documentos y los datos que se elaboran en los centros educativos se conviertan en un potente catalizador que ayude a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de los mismos debe incluir a nuestro modo de ver:

1.    Crear disposiciones normativas para la divulgación de los documentos y los datos que se elaboran en los centros educativos;

2.    Formular una teoría del cambio clara, fomentando la participación, que establezca el vínculo entre los documentos y los datos y la rendición de cuentas en los centros docentes;

3.    Seleccionar los documentos y los datos que sean cruciales a la hora de exponer la responsabilidad financiera, de gestión o pedagógica, tanto de los cargos directivos que dirigen los centros como de los diversos servicios y unidades de la Administración Educativa;

4.    Priorizar documentos y datos que sean relevantes tanto para el alumnado como para las familias, de manera que esto les anime a tomar parte en el esfuerzo que están haciendo los centros educativos en pro de la rendición de cuentas;

5.    Diseñar mecanismos que posibiliten las “comparaciones justas” entre centros educativos;

6.    Simplificar la presentación de los documentos y los datos a la vez que se conserva su exactitud técnica;

7.    Crear una diversidad de accesos (tanto en línea como presenciales) para que la ciudadanía pueda acceder tanto a los documentos como a los datos que se elaboren en el centro educativo; y, por último,

8.    Dar formación a los cargos directivos de los centros educativos, al personal docente, al personal no docente y a las familias, sobre las maneras en las que pueden usar los documentos y los datos para exigir responsabilidades.