Reto 3 "Manifiesto #INAPGobiernoAbierto"

1.1. Hemos realizado una entrada en el Manifiesto. Ha sido ésta:

Las Administraciones Públicas a sus distintos niveles (estatal, autonómico y local) podrán en marcha buzones de denuncias que, previa la tramitación normativa que al respecto proceda, permita a la ciudadanía denunciar presuntas prácticas corruptas de las cuales tenga conocimiento, sin revelar su identidad.

Las personas que han venido en llamarse “alertadoras” son fundamentales para preservar una sociedad abierta y transparente. Gracias a ellas, conductas indebidas y actos ilícitos pueden ser descubiertos a tiempo y evitar así daños de reputación y pérdidas económicas. Para protegerlas mejor de las consecuencias negativas y las represalias, como el despido, el traslado, la degradación o la intimidación, el 16 de diciembre de 2019 entró en vigor la Directiva UE 2019/1937 de Protección de los Denunciantes. Los Estados miembros deben transponer la directiva antes del 17 de diciembre de 2021 a su legislación nacional.

La Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión va a representar un profundo cambio para la legislación española ya que tiene por objeto proteger a todas aquellas personas denunciantes que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones de las leyes en los países de la Unión Europea, mediante el establecimiento de canales protegidos de denuncias y la prohibición de cualquier represalia contra quienes se atrevan a sacar a la luz irregularidades en empresas privadas y organismos públicos.

Enlace en el BOE: https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf

1.2. Hemos valorado con puntuación las siguientes entradas del Manifiesto:

Primera: Consejos de Transparencia por Guzmán.

Segunda: Fácil acceso para las personas mayores por Arantxa Gorosabel.

Tercera: Contratos realizados por la administración más accesibles y comprensibles para la ciudadanía por Covadonga Clemente.

Cuarta: Archivos accesibles por María África.

Y quinta: La integridad como eje esencial dentro del Gobierno Abierto por Pilar Moreno García.

1.3. Hemos comentado la entrada primera sobre los Consejos de Transparencia, definiendo sus pro y sus contras:

Pro: Es un hecho contrastado socialmente que casi todos los órganos de control garantes de la transparencia creados carecen de medios para obligar a la Administración a entregar la información, por lo que en muchos casos se tarda demasiado tiempo en acceder a la misma. De ahí que, de contar con mayores recursos económicos propios y con capacidad jurídica para sancionar seguramente la Administración actuaría de otra manera más acorde con los presupuestos del Gobierno Abierto.

Contra: No dotarlos de recursos adecuados significa que, en muchos casos, la ciudadanía no va a tener acceso a la información o el acceso se retrasará durante mucho tiempo, por lo que las consecuencias seguirán siendo desfavorables ante incumplimientos de la ley y ante la falta de ejecución de las resoluciones de los órganos de control.

2. Explicación de tres de los puntos que hemos votado o entradas del Manifiesto:

1ª La integridad como eje esencial dentro del Gobierno Abierto:

La compañera Pilar Moreno nos ha hecho reflexionar sobre la importancia del eje integridad en el IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024. Lo hemos analizado y consideramos que el desarrollo de este objetivo estratégico reforzará la confianza ciudadana en las instituciones y constituiría con toda seguridad una herramienta fundamental para diseñar y construir un avanzado Marco de Integridad Institucional. En este aspecto, seguiríamos las recomendaciones de la OCDE (Recomendación C(2017)5 de 26 de enero de 2017 (https://www.oecd.org/gov/ethics/recomendacion-sobre-integridad-es.pdf).

2ª Contratos realizados por la administración más accesibles y comprensibles para la ciudadanía:

La Ley de Contratos se reformó en 2017 (como transposición de una directiva europea) y está en vigor desde marzo de 2018. Las prioridades más importantes de la sociedad durante la tramitación se concentraban en dos puntos: la transparencia de todo el proceso de un contrato público, de principio a fin, y la introducción de un sistema de control independiente y fiable para detectar irregularidades. En el primer punto se han logrado muchas victorias muy importantes. En el segundo, mejoras, pero no tantas como considerábamos necesarias. Y, lamentablemente, algunas de las recomendaciones que se realizaron se quedaron por el camino dado que la norma no se está cumpliendo de forma sistemática -muchos organismos publican, por ejemplo, solo una parte de la información a la que están obligados.

3ª Fácil acceso para las personas mayores:

En los últimos años se han puesto en marcha diferentes mecanismos participativos en muchas administraciones y entidades públicas para mejorar la transparencia y el buen gobierno de las mismas. Sin embargo, este esfuerzo no sirve de nada si no es accesible a todas las personas. Por esta razón, se viene reclamando a todos los niveles de gobierno (estatal autonómico y local) que se garantice la accesibilidad de todos estos mecanismos, ya que debe facilitar el acceso a la información tanto a personas con discapacidad como a personas mayores. Es decir, al implementar procesos participativos digitales, las autoridades públicas deben tener en cuenta las “brechas digitales” existentes y evitar la aparición de nuevas formas de "exclusión digital".